Una agencia de supervisión federal investigó las alertas puestas a 51 ciudadanos de Estados Unidos afiliados a la caravana de migrantes de 2018 en Tijuana
“Las vigilancias que la CBP colocó sobre un grupo concreto de periodistas suscitan las más graves preocupaciones”, concluye el informe. El informe señala a un funcionario no identificado en particular, que dijo a la OIG que el propósito de estos vigías era determinar si los periodistas tenían información sobre el incidente. Sin embargo, “sus acciones muestran que en realidad no tenía ningún interés en esa información”, afirma el informe.
Los investigadores de la OIG también descubrieron que muchos de los avisos deberían haber sido retirados tras una entrevista inicial de recopilación de información. En lugar de ello, se dejaron en su lugar, sometiendo a muchos objetivos a un mayor escrutinio continuo.“No encontramos evidencia directa de que la CBP mantuviera los vigías activos para acosar, intimidar o tomar represalias contra los asociados de la caravana”, dice el informe.
“La CBP puede restringir los derechos de los estadounidenses a viajar internacionalmente en ciertas circunstancias, pero la CBP no pudo articular ninguna base genuina para enviar esta solicitud y, de hecho, admitió más tarde que las razones proporcionadas a México no eran ciertas”, dice el informe. “Más tarde descubrimos pruebas de que compartió el PowerPoint con ellos, incluso que intentó buscar retroactivamente la aprobación de su entonces supervisor, dos meses después del hecho”, afirma el informe. “Después de confrontarlo con esta información en una segunda entrevista, admitió haber compartido el PowerPoint con México”.