El Constitucional, de mayoría conservadora y con un tercio de sus miembros con el mandato caducado, delibera un recurso del PP para suspender la tramitación legislativa del Congreso
Los recursos de amparo tardan meses en tramitarse y cuando se piden medidas cautelarísimas, como en este caso, nunca se conceden, según recuerdan magistrados del Constitucional. “El último precedente es el de la suspensión cautelar de la ley de la reforma laboral que pedía Vox en un recurso y que se rechazó por unanimidad”. La ley salió adelante por un solo voto, el del diputado del PP Alberto Casero, que se equivocó.
Algunos magistrados que componen el tribunal temen que se consume lo que consideran que sería una “injerencia intolerable” del Constitucional en la sede de la soberanía popular carente de rigor jurídico. La maniobra que ha cobrado vida en el Tribunal Constitucional tiene otras derivadas. Dos de los magistrados que tienen en sus manos suspender la tramitación legislativa tienen intereses personales en la decisión. Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez están afectados por la reforma legal que podrían paralizar. Si optan por apoyar el recurso del PP, ellos saldrán beneficiados porque mantendrán su puesto en el Constitucional.
Esta ofensiva de la derecha para burlar la voluntad del legislativo se complementó el miércoles con los movimientos que hicieron los vocales conservadores del Poder Judicial, quienes durante cinco meses han bloqueado con todo tipo de excusas el nombramiento de dos magistrados para renovar el Tribunal Constitucional y ahora se manejan con notable urgencia.
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