La reforma anunciada podría centrarse en cambios a leyes secundarias, lo que permitiría que la propuesta avance con la mayoría simple con la que cuenta Morena
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de presentar al Congreso una nueva iniciativa, el Plan B electoral, para fortalecer nuestro sistema democrático y hacerlo operar a un menor costo, renueva la posibilidad de atender un viejo reclamo ciudadano: eliminar privilegios y poner fin al dispendio.
La reforma anunciada podría centrarse en cambios a leyes secundarias, lo que permitiría que la propuesta avance con la mayoría simple con la que cuenta Morena y con el respaldo de legisladores de partidos aliados y de otras fuerzas políticas que decidan sumarse. Es cierto que la función electoral debe contar con un presupuesto suficiente para garantizar su calidad y buen desempeño. Sin embargo, el exceso de gasto que hoy existe no solo no contribuye a ese objetivo, sino que incluso puede propiciar prácticas indebidas, desplazar la participación ciudadana directa del centro de la vida democrática y concentrar el control de las elecciones en una burocracia cada vez más costosa. La propuesta se está construyendo a partir del diálogo que la Presidenta sostiene con dirigentes de distintas fuerzas políticas, con el propósito de escuchar distintas voces y enriquecer la iniciativa. Ya están sobre la mesa los lineamientos generales de la propuesta, entre los cuales destaca la reducción del gasto en los Congresos de los estados y en los cabildos municipales. Se estima que estas medidas podrían generar ahorros cercanos a cuatro mil millones de pesos, recursos que se destinarían a fortalecer las finanzas de los municipios mediante inversión directa en infraestructura y servicios públicos. Esto sería posible mediante el establecimiento de límites al gasto en los congresos locales y la revisión de la integración de los cabildos municipales, donde en muchos casos las regidurías y sindicaturas han crecido más como resultado de acuerdos políticos que como expresión efectiva de la representación ciudadana, además de la eliminación de gastos suntuarios y de representación que, en muchos casos, superan incluso los niveles de dependencias federales donde ya se aplica la política de austeridad republicana. La propuesta es congruente con la forma de hacer política de Morena: acudir a las bases sociales y al trabajo en territorio para impulsar la transformación del país, haciendo que la estructura del Estado responda a la voluntad del pueblo, que al final es el origen y el destinatario de toda acción política. La iniciativa respetará la autonomía de las entidades federativas, por lo que es posible que encuentre resistencias en algunos estados. Sin embargo, ese debate también permitirá a la ciudadanía contar con más elementos para evaluar a sus representantes y orientar el sentido de su voto en el futuro. La resistencia que exista para eliminar tales privilegios y reorientar el gasto en favor de los municipios pondrá de manifiesto que el rechazo a la propuesta inicial de la Presidenta, argumentando que la reducción de legisladores plurinominales atentaba contra la representación democrática, no fue más que un pretexto de la oposición para aferrarse a sus privilegios. Vivimos un momento histórico para la democracia de nuestro país: uno en el que el pueblo ha vuelto a colocarse en el centro de las decisiones públicas y en el que los privilegios que antes parecían intocables finalmente se han puesto a debate. POR: LUIS FERNANDO SALAZAR PAL
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