El pasado 15 de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que, entre otras (y polémicas) cuestiones, incluye una reforma del Código Penal. Lo que inicialmente iba a limitarse a una reforma del delito de sedición, iba a convertirse en una auténtica revisión institucional y del Código penal, que ha derivado en la crisis institucional de estos días. Ello propició, seguramente de forma totalmente intencionada, que la modificación del delito previsto en el artículo 311 del Código Penal pasara totalmente desapercibida.
Sorprende que en el mes de septiembre la Sra. Díaz considerara posible la derivación de estas contingencias al ámbito penal, pero que ahora necesite de una reforma, un tanto peculiar,. Ello significa que, o bien las supuestas infracciones no eran delictivas en aquel momento o, si ya lo eran entonces, que la reforma actual sería innecesaria.imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
Pues bien, la reforma introduce un nuevo inciso en dicho artículo para penalizar los casos en los que el empresario “imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Tal circunstancia choca frontalmente con la pretendida"mejora técnica" que se adujo como justificación de la reforma en el en el único borrador de enmienda al Código penal presentado en el Registro de comisiones del Congreso de los Diputados, el pasado 9 de diciembre. Sin embargo, la nueva modalidad de"condición ilegal" de trabajo penalmente sancionable ha sido una víctima más de un atropello legislativo.
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