Seis meses y una ley hasta que Sánchez amenazó con el Código Penal a los vocales que bloquean el Constitucional Por m_pinhe y herrera_elena
Pedro Sánchez ha decidido cortar una parte de ese hilo conservador que une al PP con el Poder Judicial y a este. El alineamiento de voluntades que había permitido hasta ahora un bloqueo inédito de las instituciones se rompe con un cambio de mayorías para la renovación de cuatro magistrados del tribunal de garantías y la amenaza de consecuencias penales a los vocales que lo torpedeen.
El Ejecutivo lleva meses tratando de paliar la situación del Constitucional con distintos movimientos, sin que ninguno haya servido para deshacer el bloqueo. Ni el plazo que se impuso al Poder Judicial, que caducó hace tres meses, ni el enésimo intento de renovar el CGPJ con el PP para desalojar a los vocales díscolos, ni por último el nombramiento de los dos candidatos que le corresponden al Gobierno.
Las intenciones del Ejecutivo se han materializado en una serie de enmiendas a la reforma del Código Penal que cambian las mayorías necesarias para los nombramientos, establecen plazos estrictos y amenazan con consecuencias penales. Se tramitarán Esa modificación de la actual ley del Poder Judicial se justifica, según el Gobierno, en que los vocales llevan meses dilatando el nombramiento de sus candidatos al Constitucional sin que se les pueda forzar a hacerlo: “Transcurrido el plazo legalmente dispuesto sin haber procedido a efectuar dichas designaciones, nada impide que estas se dilatenEl mandato de cuatro magistrados del Constitucional –un tercio de los que integran el tribunal– caducó el pasado 13 de junio.
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