ANÁLISIS | Ser juez y parte: ¿puede un magistrado sentenciar sobre sí mismo y pretender ser imparcial? Escribe iescolar
La conspiración de la derecha para atrincherarse en el Tribunal Constitucional aún no ha terminado. Esta semana será fundamental. Empezando por el lunes, cuando un tribunal con un tercio de sus magistrados con el mandato caducado tendrá que decidir sobre la petición que hasta allí ha llevado el Partido Popular, que exige algo tan grave, irresponsable e inédito como amordazar al Parlamento: parar en seco la tramitación de una reforma legal.
El tema de fondo no tiene un pase. El procedimiento –la forma– que pretende seguir la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional es más infumable aún. Que los dos magistrados que nombra el Gobierno cada nueve años marquen las mayorías del tribunal, hacia un sentido o el otro, no es un defecto inesperado: es parte de la arquitectura constitucional. Que de esta forma garantiza algo básico: que el intérprete de la Constitución también emana, aunque sea indirectamente, de la soberanía popular. No es una anomalía: es algo buscado de forma intencionada en la Constitución.
Pero es que en este caso concreto no hablamos de un problema de “apariencia de imparcialidad”. Aunque es obvia la relación de estos dos magistrados con el partido que les nombró, y que es el mismo que ahora plantea este recurso de amparo. Es peor aún: los dos magistrados recusados son el objeto directo de la decisión que el Constitucional va a tomar. Les afecta en primer lugar a ellos.
En el año 2007, el Constitucional tuvo que decidir sobre otro recurso del PP, que afectaba directamente a dos de las personas que formaban parte del tribunal. Se trataba de una enmienda que permitía alargar la duración de la presidencia de este tribunal y que también incumbía al vicepresidente. En aquel momento la presidenta era María Emilia Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez.
Si tramitan estas recusaciones, tendrían que paralizar todo lo demás hasta que se resuelva. Porque mientras no quede claro quién conforma el tribunal, no se puede tomar ninguna otra decisión. Y por eso resolver sobre la recusación –para que así el tribunal mantenga su apariencia de imparcialidad– es lo primero, por delante de las cautelares y las cautelarísimas.
Por resumir. Bajo la ‘doctrina Arnaldo’ los magistrados directamente afectados por el recurso son imparciales, y los diputados que presentaron esa reforma y cuyo voto se pretende anular no tienen siquiera derecho a recusar.
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